En convivencia en pareja, es común y habitual prestar dinero al otro para un proyecto, asumir las cuotas de la hipoteca de una vivienda propiedad de un solo miembro o pagar reformas en bienes ajenos. Al finalizar la relación, surge una pregunta habitual: ¿se puede reclamar todo el dinero invertido o pagado en favor del otro? El Código Civil de Cataluña prevé mecanismos claros para equilibrar estas situaciones patrimoniales y exigir la devolución de lo adeudado.
Independencia patrimonial en la pareja estable
En la legislación catalana, la constitución de una pareja estable no genera una masa común de bienes similar a la sociedad de gananciales. El artículo 234-3 del CCCat consagra el principio de que las relaciones patrimoniales se rigen por la autonomía de la voluntad y la separación de los bienes de cada uno de los convivientes. Esto, en la práctica, significa que cada conviviente conserva la titularidad y administración de su propio patrimonio, así como la responsabilidad exclusiva sobre las deudas que contraiga individualmente.
Por tanto, las aportaciones económicas de un conviviente hacia el patrimonio personal del otro no se presumen gratuitas ni se consideran absorbidas por el hecho de convivir, salvo que respondan a los gastos ordinarios del día a día de la familia.
Préstamos personales, aportaciones en vivienda ajena y suspensión de plazos
Cuando uno de los miembros transfiere dinero al otro como préstamo o paga deudas que pertenecían en exclusiva al otro conviviente—como, por ejemplo, las cuotas de la hipoteca de una casa donde solo figura el otro como propietario—, nace un derecho de reembolso. Si ese dinero no se devuelve, el beneficiario obtiene un enriquecimiento sin causa justificada a costa del patrimonio del aportante.
Una de las normas más ventajosas y tranquilizadoras del Derecho Civil catalán respecto a estas deudas es la suspensión de la prescripción. Según el artículo 121-16.c del CCCat, los plazos de prescripción para reclamar deudas entre los miembros de una pareja estable quedan totalmente suspendidos mientras se mantenga la convivencia. Esto significa que el tiempo para reclamar un préstamo o pago realizado durante la relación no empieza a contar mientras la pareja siga junta; el «reloj» legal solo se pone en marcha tras el cese efectivo de la convivencia.
Gastos en bienes comunes y liquidación unificada
Cosa distinta ocurre cuando el dinero se ha destinado a un bien que pertenece a ambos por partes iguales, como una vivienda comprada al 50%. En estos supuestos, si uno de los dos ha pagado más cuotas de la hipoteca, impuestos o reformas de conservación que las que le correspondían según su porcentaje de propiedad, se genera un crédito a su favor frente al otro cotitular.
Para evitar multiplicar los pleitos en los juzgados, la Disposición Adicional Quinta del CCCat y el artículo 552-11 del CCCat permiten acumular en un único procedimiento judicial de ruptura la acción de división de la cosa común y la liquidación de las cuentas pendientes. De esta forma, en el mismo proceso donde se decide sobre las medidas de los hijos o la vivienda, el juez puede adjudicar los bienes en común y ajustar los saldos económicos negativos o positivos entre los convivientes.
Plazos legales y prueba documental
A la hora de iniciar una reclamación, es fundamental distinguir el tipo de pretensión. Mientras que los derechos estrictamente vinculados al cese de la pareja —como la compensación económica por razón de trabajo o la prestación compensatoria prescriben en el plazo estricto de un año tras la extinción de la pareja, la reclamación de deudas o reembolsos por préstamos personales se rige por el plazo general de prescripción de las acciones en Cataluña, que es de diez años desde que finaliza la convivencia.
En la práctica, la viabilidad de la reclamación dependerá de la prueba. Resulta imprescindible aportar justificantes bancarios, transferencias con conceptos descriptivos, extractos de pago o mensajes que dejen constancia del carácter de préstamo o del pago por cuenta del otro conviviente.
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